La seguridad social en contexto de pandemia. Los sistemas privados de jubilaciones y pensiones. El caso de México

En tiempos de COVID-19, seguimos pensando nuestra América. ¿Qué hacer frente a la enorme fragilidad con la que nos encuentra esta pandemia? Nuestra herramienta conocida es la seguridad social y dado que es idónea para hacer frente a las contingencias de la vida, como la enfermedad, la vejez y la muerte, nos resulta de gran interés pensarla en clave de pandemia. No es desafío de un solo país o grupo de personas. Se requiere pensarla en tanto herramienta colectiva potente para emerger de esta catástrofe pandémica. Cada día miles de personas se quedan sin el trabajo que les da sustento a sus vidas y la de sus familias. Nada socava más a la seguridad social como el desempleo, pues aquella se nutre del aporte del trabajo, de la riqueza que genera en todas sus formas. Por lo tanto, librar la lucha por terminar con el flagelo del desempleo será el pilar de las tareas pendientes para la seguridad social. No será cuestión de reactivar la economía solamente. Pues si algo quedó claro es que la economía que se desactivó nos tenía en estado de latente fragilidad e incertidumbre, de carencia permanente y desigualdades intolerables e inviables. Estamos hablando de viabilidad, de tener un camino posible como región.

Usaremos la riqueza del futuro para hacer un hoy posible. Debemos elegir cómo se construirá esa riqueza y a qué se destinará; y cómo se la devolveremos al futuro, para que él también sea posible.

Comenzó a inquietarnos que a pocas semanas de iniciada la pandemia en nuestra América las personas recurrían -ante la fragilidad de su existencia económica- a retirar de sus cuentas de capitalización individual lo que se les permitía a fin de solventar en alguna medida sus gastos más urgentes. Entendiendo nosotras que esto implica para todas aquellas personas acabarse  el futuro por la naturaleza del sistema privado: ante las contingencias estás solo.

Empezamos a escribir sobre Colombia y nos sorprendió además de su bajísima cobertura (personas incluídas en el sistema de seguridad social) y tasa de sustitución (relación entre el salario del activo y el haber jubilatorio), que ante la crisis los mercados financieros avalados por el Estado pudiesen ofrecer algo tan perverso como la hipoteca inversa. Luego Chile -el país que fue modelo de todas las medidas neoliberales en la región- que cuando llegó la pandemia estaba al borde de la caída de su presidente y de sus instituciones (creadas en  dictadura por algunos miembros de la familia del actual presidente), ofrece a su gente en esta pandemia un sistema de jubilaciones y pensiones con números dramáticos en cobertura y tasa de sustitutividad. Para la OIT la tasa de sustitución debería representar como mínimo el 40 % del salario. Los países con sistemas privados reportaron tasas de sustitución que van de 12 a 26%.

Hoy elegimos a México, donde la privatización de su sistema de jubilaciones y pensiones se dio en el año 1997 y todos los trabajadores y trabajadoras mexicanas que tiene la posibilidad de aportar, lo hacen a una AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro). Es importante tener en consideración que se trata de un país donde más del 50% de los y las trabajadoras está en la informalidad, donde la cobertura del sistema de seguridad social no supera un tercio de la población ocupada y donde, según la OIT (2018), el 84 % de los hombres ocupados y 89% de las mujeres ocupadas declaran ganar menos de tres salarios mínimos ¿Cuánto puede acumular una persona en la lógica de la capitalización individual con estos ingresos?

Sabemos que el sistema privado de capitalización es adverso a los bajos salarios, a las mujeres y a las personas con discapacidad, pues está en su naturaleza la discriminación y por tanto el aumento de las desigualdades.

En el mes de abril de 2020 el aumento del desempleo y la pobreza ocasionado por la pandemia ha llevado a 267.610 personas en México a retirar de sus fondos de pensión un monto total de 1591 millones de pesos (casi 36 millones de dólares). En mayo se retiraron por el mismo motivo 1556 millones de pesos, lo que equivale a un 40% más de retiros efectuados en el mismo mes de 2019, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En sólo tres meses (de abril a junio) se han perdido más de un millón de empleos, según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

¿Qué opciones ofrece el sistema de capitalización mexicana a estas personas que pierden su empleo en esta pandemia?   La ley permite que cada 5 años se pueda retirar por desempleo hasta un 10 % de lo acumulado. Es importante señalar que cuando se retiran fondos de la cuenta individual por concepto de desempleo, se penaliza al trabajador restando el equivalente de semanas trabajadas a efectos de la futura cotización. Cuantas más veces retire dinero, más tendrá que reponer en horas de trabajo y con el alto nivel de informalidad en el empleo es muy difícil que logre recuperarlo. Igualmente se estima que el retiro parcial por desempleo podría afectar en alrededor del 10% el monto de la pensión al momento de jubilarse. La misma OCDE ha recomendado que el último recurso al que se debe acudir para que se pueda enfrentar la crisis de la pandemia Covid-19 es el ahorro para el retiro. Por ello, indicó que se deben implementar ciertas medidas contra cíclicas para que el trabajador no se quede sin empleo y sin un ingreso.

Recientemente, el Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa en la que propuso que los trabajadores que tuvieran una Afores pudieran sacar 10.000 pesos de su cuenta Afore en una sola exhibición para que pudieran enfrentar la crisis generada por la pandemia y diputados de MORENA (partido del gobierno) han propuesto una iniciativa para aquellas personas que se quedaron sin empleo puedan retirar 13.300 pesos sin esperar los 46 días que se establece por ley, sin que se descuenten semanas de cotización.

No faltaron quienes advirtieran que  estas propuestas  implicarían meter en serios problemas de liquidez a las Afores, ya que cualquiera de los 66 millones de mexicanos podría retirar esa cantidad de su cuenta individual. Argumentaron que si 4 millones de trabajadores retiraran cada uno alrededor de 5.000 pesos, ello implicaría una salida de 20.0000 millones de pesos del Sistema de Ahorro para el Retiro, “lo que agotaría por completo la liquidez de todas las Afores”. La Asociación Mexicana de Afore ha dicho que esta propuesta es preocupante debido a que el monto promedio del ahorro de los y las trabajadoras para el retiro es de 70.000 pesos, es decir si esta iniciativa se aprueba, los y las mexicanas tendrían 19% menos de ahorros en su cuenta individual.

Los datos que no pueden perderse de vista para entender la importancia y magnitud de los fondos privados de pensiones, es que los recursos que manejan hoy suman 4,2 billones de pesos y representan el 17,2% del PIB. Estos recursos son 15% del total de activos del sistema financiero. Del total de recursos acumulados en el sistema de pensiones, el 48,2% (2 billones) representan los rendimientos netos de comisiones que se han generado a lo largo del tiempo. El resto son los aportes y contribuciones.

Ante este preocupante escenario, el Congreso Mexicano aprobó en el marco de la contingencia por COVID-19 una reforma constitucional para que se garantice una pensión universal a las personas mayores y a las personas con discapacidad (ver nota debajo) y el partido MORENA presentó una propuesta para que sea el Banco del Bienestar creado por el Estado, el único encargado de administrar los recursos de los y las mexicanas. México quizás pueda darse la oportunidad de cambiar el paradigma con el cual el Estado interviene para cuidar de la población ante las contingencias de la vida. Seguiremos con atención su derrotero.

Nota:

Artículo 4º Adicionado a la Constitución Mexicana.

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

 El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.