La seguridad social en la región en contexto de pandemia. Los sistemas privados de pensiones y jubilaciones en vergonzosa retirada. El caso de Colombia.
En tiempos de pandemia ¿quién no se pregunta casi a diario cómo seremos pospandemia?
En este blog también nos lo preguntamos a diario. Como la lupa con la que miramos es la seguridad social, es imposible no preguntarse cómo han respondido a la pandemia las instituciones de la seguridad social en América Latina y el Caribe.
Podemos afirmar que la pandemia agravó la situación, pero no es el origen de los problemas de la seguridad social en América Latina.
La Seguridad Social tiene como tarea principal proveer una cobertura a las contingencias de la vida humana. Cada país diseña un proyecto de seguridad social inspirado en su acuerdo político constitutivo que se consagra en la Constitución nacional. La ciudadanía en ejercicio puede verse explicitada en su concepción de la seguridad social. También podemos decir que la seguridad social es un sistema construido sobre el ahorro de un pueblo, es el patrimonio público de una nación por excelencia y una insustituible herramienta de distribución de la riqueza.
Desde entonces, cada vez que acontece una crisis la seguridad social crece, se desarrolla, crea nuevas herramientas para atender las contingencias de la vida, en mayor o menor medida, dependiendo de la gestión del conflicto que conciba ante la crisis.
Con la llegada del neoliberalismo a América Latina y el Caribe se instalaron los sistemas privados de jubilaciones y pensiones, siguiendo las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial. Todo ese ahorro nacional fue a parar al sistema financiero internacional y los derechos a la seguridad social se transformaron en promesas atadas a la rentabilidad de las inversiones. Hay una gran relación entre los mercados globales y la seguridad social. Los sistema de jubilaciones privados han sido un fenomenal negocio desde los años noventa en América Latina, con consecuencias nefastas para los jubilados y jubiladas. No conocemos en nuestra trayectoria profesional -y tampoco ningún colega que conozcamos- un caso donde el titular de una prestación del régimen de capitalización en Argentina (AFJP) se haya beneficiado. Profundizaremos en esta cuestión en futuras reflexiones.
En este artículo y los siguientes nos dedicaremos a los países que conservan en tiempos de pandemia sistemas de capitalización individual.
El contexto regional
Tenemos en la región un inmenso desafío para la seguridad social. Según informes recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la crisis económica causada por los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus provocará que 11,5 millones de personas queden desempleadas este 2020 en América Latina, hecho que incrementará el número de desocupados a 37,7 millones de personas. La CEPAL estima que este año la contracción económica en la región será de 5,3% (la peor desde 1930) y tendrá "efectos negativos" sobre la tasa de desocupación de la región, la cual pasaría de 8,1% en 2019 a 11,5% este año, según las proyecciones.
Además del aumento del desempleo, ambas organizaciones estiman un marcado deterioro de la calidad del empleo en la región, donde la tasa media de trabajos informales ya alcanza el 54%, hecho que afecta principalmente a los sectores más vulnerables.
Las cifras de desocupación afectarán duramente a los sectores de menos recursos, lo que provocaría el aumento de la pobreza en 4,4 puntos porcentuales y de la pobreza extrema en 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019. Esto implica que la pobreza alcanzaría entonces a 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema a 13% (83,4 millones de personas).
La respuesta de los sistemas privados de jubilaciones y pensiones en América Latina. El caso Colombia
Queremos mencionar tres aspectos que consideramos importantes para caracterizar la situación en Colombia: la cobertura de su sistema de jubilaciones y pensiones es de 37%, la mitad de las personas trabaja en la informalidad y el 47% de quienes aportan al sistema lo hacen sobre un salario mínimo.
El 29 de junio del año 2017, se anunciaba con bombos y platillos que para el año 2020 la Alianza del Pacifico adoptaría pasaporte único, no cobraría roaming internacional y eliminaría la doble tributación de los fondos de pensiones en Chile, Colombia, México y Perú e invitaban a los países observadores a sumarse (Argentina por ejemplo). Según el ministro de Hacienda de Colombia, ese acuerdo buscaba facilitar que los fondos privados de pensiones -cuyos activos en los cuatro países de la Alianza se calcularon en 450.000 millones de dólares (algo casi equivalente al PBI argentino)- pudieran invertirse en los respectivos países de la alianza bajo parámetros y facilidades tributarias homogéneas. El subsecretario de Hacienda de Chile destacó que las inversiones de los fondos de pensiones aportan al desarrollo del país en términos de infraestructura y resaltó la importancia de que los fondos pudieran tener una buena rentabilidad para dar buenas pensiones a la población.
Llegó el 2020 y en medio de esta pandemia -la cual tiene como epicentro al momento de escribir estas palabras a América Latina- la institución por excelencia llamada a cuidar a la población en casos de contingencias de la vida como la que enfrentamos, que es la seguridad social, en muchos países está en vergonzosa retirada. Basta leer las noticias en Colombia, Perú, México y Chile, para saber que nunca el sistema privado de jubilaciones y pensiones ha sido una verdadera garantía de cuidado, ni de futuro, ni de seguridad y que su negocio les cuesta a todos y todas, porque las consecuencias las asume siempre el estado.
En Colombia el estado tuvo que hacerse cargo del pago de los beneficios de jubilaciones de aquellas personas que aportaban al sistema de capitalización, a las que sus beneficios no llegaban a cubrir el mínimo vital. El negocio en ese país, como todos los demás, ha sido espectacular para las administradoras privadas de fondos de pensiones, sin embargo en medio de esta pandemia tuvo que salir el estado a responder por la garantía mínima de su población.
Pero como nunca se cansan de ganar, el sistema financiero ha creado como respuesta a la pandemia algo llamado “hipoteca inversa”: El banco ofrece pagar una renta mínima hasta la muerte del beneficiario y a cambio al momento de la muerte el banco se queda con la casa hipotecada, salvo que la familia decida pagar la deuda, así haya pagado dos meses de renta!
Tenemos un enorme desafío en América Latina en esta pandemia, creemos que es indispensable señalar las causas de las desigualdades generadas como en ningún otro continente para buscar soluciones eficaces. Los engaños construidos para apropiarse del ahorro de los y las trabajadoras en América Latina por parte de los mercados financieros deben ser expuestos.
El próximo sábado hablaremos de Chile. Luego de Perú y México. Los sistemas públicos de reparto y su respuesta a la pandemia también tienen enormes desafíos. Ya hablaremos de ellos.
